DERECHO ADMINISTRATIVO

La resolución de conflictos frente a la Administración y Organismos dependientes de la misma; exige el trabajo de letrados especializados en derecho administrativo que busquen soluciones jurídicas en defensa de los intereses del ciudadano.

Áreas:

  • Reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración
  • Recursos administrativos y contencioso-administrativos.
  • Multas y sanciones.
  • Derecho urbanístico.
  • Revisión plusvalías.
  • Recursos frente a las oficinas liquidadoras y TEAR.

Desde el departamento jurídico de Efica Abogados, ofrecemos la tutela de los derechos de los administrados frente a la Administración Pública en todas aquellas actuaciones que obedecen a esta disciplina jurídica relacionada con el derecho administrativo, entre otras:

  • Solicitud de indemnizaciones por los daños causados por la administración y de la que surge la responsabilidad patrimonial de la administración.
  • Reclamación de multas y sanciones.
  • Reclamaciones desde el procedimiento administrativo hasta la reclamación judicial contenciosa.

¿Qué es el derecho administrativo?

El Derecho administrativo es la parte del ordenamiento jurídico público que regula las relaciones de las administraciones con otras administraciones públicas, o con el ciudadano en su condición de administrado o usuario de los servicios públicos que presta la administración.

Como puede observarse de la definición anterior, cobra especial importancia el concepto de Administración pública, pudiendo entenderse como la forma de organización del Estado, en relación con el Poder ejecutivo, con personalidad jurídica propia y a la que se le encarga por mandato constitucional la actividad consistente en el servicio a los intereses generales de forma eficaz, objetiva, dependiente o subordinada al resto de poderes del estado (judicial y legislativo) y con sometimiento exhaustivo a la Ley y al Derecho.

Es por ello, que cualquier persona que resulte afectado por la actuación o resolución de un acto emanado de la administración publica en general, está legitimada activamente (puede acudir a la vía administrativa y/o posterior vía contencioso-administrativa) a fin de obtener y demandar la tutela jurídica de sus derechos o intereses que han resultado perjudicados.

Así pues, cuando la Administración Pública es la autora del daño causado al sujeto, hablamos de responsabilidad patrimonial de la Administración; dicha responsabilidad no requiere la existencia de relación contractual alguna, hablamos entonces de una responsabilidad en la que se exige un resultado dañoso con independencia de que haya existido o no esa culpa o esa negligencia.

Los supuestos por los cuales se origina la responsabilidad patrimonial de la Administración son los siguientes:

  1. Por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, gestionado por la administración.
  2. Por actos legislativos.
  3. Por actuaciones judiciales, error judicial, prisión preventiva, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración debe existir, un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que sea imputable a una Administración publica.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, para que exista responsabilidad administrativa, sólo hace falta “una actividad administrativa -por acción u omisión-, un resultado dañoso y una relación de causa a efecto entre aquella y éste, incumbiendo la prueba a quien reclama”. Un ejemplo de ello sería la caída en la calle a consecuencia de la existencia de un obstáculo en la calzada (tapa de alcantarillado).

Reclamaciones y multas. Recursos administrativos. Ante un acto administrativo expreso o presunto (derivado del silencio de la Administración) que deniegue el reconocimiento de un derecho o imponga una sanción, podrá recurrir en vía administrativa, o podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sanciones administrativas. Ante la imposición por parte de la Administración de una sanción pecuniaria, tiene derecho a realizar alegaciones en defensa de sus derechos y a un procedimiento reglado con todas las garantías. Así mismo, contra la sanción, podrá interponer el correspondiente recurso de alzada o potestativo de reposición ante la misma Administración o recurrir ante los juzgados y tribunales de lo contencioso si se ha agotado la vía administrativa.